Cosas Pequeñas

SUGERENCIAS 2

Juan Antonio Nemi Dib

Las leyes tienen la función primaria de garantizar el desarrollo armónico de una comunidad, de evitar excesos, abusos y privilegios que deterioran o incluso impiden la convivencia pacífica de las personas pero no sirven absolutamente de nada si no se aplican y sus prescripciones no se cumplen. En México hay, además, la añeja tradición de fabricar leyes entendidas como “proyectos de vida”, es decir, normas que entran en el ámbito de lo deseable, de aquello a lo que se aspira, pero que no necesariamente pueden llevarse a la práctica porque no se ajustan a la realidad, porque son demasiado ambiciosas y/o complejas, porque no hay recursos para aplicarlas o simplemente porque no se corresponden a las necesidades prácticas y cotidianas de la gente; todo ello convierte a muchas de nuestras normas en letra muerta, en listados de buenos deseos.

A veces, las propias leyes se convierten en un obstáculo para la buena marcha de las cosas y hay casos dramáticos en los que consiguen exactamente lo contrario de lo que buscaban. Hace poco, una juez de lo familiar me lo explicaba nítidamente: nuestra legislación permite encarcelar a quienes teniendo la obligación, no aportan los medios para el sustento de las personas que dependen de ellos; el caso más típico es el de parejas desintegradas en las que la madre y los hijos, principalmente éstos, no tienen capacidad de generar los medios para su subsistencia y están a expensas de lo que quieren y pueden aportarles sus padres; la juzgadora me explicaba que recluir a los desobligados, como lo previene la ley, es una garantía de que entonces sí, por estar privados de su libertad y además enojados, definitivamente dejan de mantener a sus familiares. Evidentemente, el sentido común invita a no aplicar ese dispositivo legal.

Una conclusión apresurada sobre esta problemática es que podemos legítimamente aspirar a ser una sociedad mejor, más justa y más funcional pero que para conseguirlo, además de buenas leyes, congruentes con la realidad y verdaderamente aplicables en los hechos, necesitamos ciudadanos dispuestos a someterse plenamente a su imperio, sin condiciones ni privilegios, así como instituciones eficientes para aplicar las normas de manera universal, sin dilaciones ni obstáculos.

Y ello nos conduce entonces a la necesidad imperiosa de buenas prácticas ciudadanas: el mejor sistema legal no servirá absolutamente de nada cuando las personas que regula desconozcan u omitan el principio de interés general y no se subordinen plenamente a él, cuando tuerzan u omitan el cumplimiento de sus obligaciones buscando un provecho propio. Castigar a los infractores se vuelve una tarea avasalladora –e inútil— si los ciudadanos no están plenamente convencidos de que respetar las leyes es la mejor conducta posible, de otro modo, cárceles y comisarías serán insuficientes y, como se dice popularmente, no habrá quien cierre las puertas por fuera.

A propósito de la reforma del Estado y como parte de los temas que podrían formar parte de una agenda de discusión pública para garantizar la viabilidad de México como nación, esta sería otra parte de la lista de tópicos que –insisto— están lejos de ser verdades universales pero podrían formar parte de un proceso de renovación y adaptación de nuestro sistema institucional.

5.- Constitución. Con toda lógica, hay que empezar por el principio. Nuestra constitución carece de identidad –ha sufrido alrededor de 500 modificaciones desde que se promulgó—, ha evolucionado y retrocedido contradiciéndose y cambiando de dirección una y otra vez y, por si fuera poco, garantizando cosas sólo en la idea: derecho a la vivienda, a la salud, al empleo remunerado, a la educación de calidad, federalismo y autonomía municipal. Insisto en que debemos preguntarnos si llegó el momento de darle su jubilación y substituirla con una moderna, adecuada a nuestra realidad y que tenga una idea clara, coherente y consistente, del modelo de país que nos conviene a todos.

6.- Cuentas y transparencia. La experiencia enseña que por mejor intencionados que sean contralores y auditores, los mecanismos de combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas sirven de muy poco para asegurar que los recursos públicos se usen con acierto y honestidad. Los procedimientos de control son verdaderamente engorrosos, dificultan la buena marcha de la administración pública retrasan innecesariamente la ejecución de obras y servicios públicos, cuestan mucho –hay que pagarle a legiones de despachos especializados—, se prestan a la corrupción y con frecuencia terminan siendo meros mecanismos de control político y represión para someter a los auditados a la voluntad política de los jefes. Mientras siga prevaleciendo la mentalidad de que los puestos públicos son botines, siempre habrá forma de torcer la ley y “meterle la mano al cajón”. Los mecanismos de control que tenemos ahora, sencillamente no resuelven el problema del desvío de recursos y los abusos, como es evidente. Habría que explorar otros caminos, empezando por la prevención y la generación de una nueva cultura de servicio público.

A propósito de las modificaciones necesarias a nuestro régimen de derecho y las instituciones que lo operan, algunos amables lectores me remitieron ideas interesantes que enriquecen este listado:

7.- Someter a un control popular eficaz a jueces y magistrados que, en aras de la autonomía del poder judicial, funcionan como un coto inexpugnable y no pocas veces se niegan a aceptar mecanismos de revisión que garanticen su desempeño honorable y apegado a derecho, o sea, evitar la compra venta de la justicia.

8.- Impedir que funcionarios designados, abusando de su posición, ejerzan presiones e impongan criterios sobre servidores públicos de elección popular.

9.- Trascender el concepto municipalista –limitado frente a la nueva realidad— por el de regiones.

10.- Evitar que el derecho se convierta en un obstáculo para el cambio social.

11.- Replantear los sistemas de representación popular para que realmente puedan encarnar las aspiraciones y expectativas de la gente y no las de los partidos. Reducir el número de diputados y senadores y eventualmente cancelar los sistemas de representación proporcional.

12.- Modificar la estructura del derecho laboral para acabar con los cacicazgos sindicales y superar las viejas prácticas corporativas.

13.- Aunque esto amerita una columna completa aparte, adelanto la propuesta de un estimado lector: Actualizar el sistema fiscal mediante la modificación del IVA para aplicar una tasa generalizada del 10% y una disminución sustantiva del impuesto sobre la renta.
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