La Censura
Juan Antonio Nemi Dib
Hace
un par de semanas participé en la presentación del libro “Caligrafía de la Violencia” escrito por Luis Enrique Rodríguez
Villalvazo, estupendo trabajo del que también tuve el honor de escribir el
prólogo. Durante la presentación respondí a una pregunta del público respecto
del “Acuerdo por la Discreción” construido y firmado por un número importante
de medios de comunicación colombianos en noviembre de 1999.
Dije
que algunas personas que han vivido de cerca lo ocurrido en Colombia e
inclusive funcionarios de la seguridad con los que tuve oportunidad de charlar
en distintos momentos, coincidieron en que dicho Acuerdo fue uno de los
factores sustantivos –desde luego no el único— para reducir los índices de
violencia criminal y moderar el protagonismo de los cárteles de la droga en la
vida cotidiana de los colombianos.
La
delincuencia común y la delincuencia organizada son hechos presentes en la
actualidad colombiana, pero no puede desconocerse que la virulencia –bien puede
decirse brutalidad— que la caracterizó en la década de 1990 se redujo en forma
sustantiva. El Acuerdo de los medios ha sido objeto de críticas desde la
academia y también de algunos actores que lo consideraron limitado, vago y por
ende con dudosa efectividad.
Sin
embargo, la iniciativa fue reconocida por sus indiscutibles aportaciones:
a)
Fue una acción pionera e innovadora, surgida desde la reflexión ciudadana
y sin un propósito de legitimación política para nadie.
b)
“Fue un proyecto promovido por el entonces decano de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, César Mauricio Velásquez.
Logró que 19 directores de los principales medios de comunicación de Colombia
se comprometieran a regular la cobertura y difusión de hechos violentos.
Posteriormente, se creó un observatorio para su cumplimiento que logró reunir
en el centro académico a 200 personalidades que dieron seguimiento a la manera
en que se cumplía con el compromiso de directores y codirectores de medios de
prensa, radio y televisión, para divulgar con exactitud, veracidad y equilibrio
las noticias relacionadas con los actores al margen de la ley.”
c)
Según cita Regina Santiago Núñez del Observatorio Ciudadano de Medios
a Ignacio Gómez, subdirector del Noticiario de Televisión Noticias Uno y a la
vez presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip): “Fue una
lección que nos sirvió para tomar un respiro y reflexionar sobre la muerte. Y
aun cuando los violentos intentan imponer su agenda en los medios de
comunicación y justificarse ante la sociedad, en Colombia desde hace años ya no
es sexi entrevistar narcos o guerrilleros de postín… la opinión pública
colombiana ya tiene claro quién es el delincuente, que ya no es bienvenido ni
tiene cabida. A ningún medio de comunicación se le ha ocurrido hacer un perfil
o mostrar a un capo como Comba haciendo obras de beneficencia”.
Por otro lado, algunos interpretaron mi comentario respecto
del Acuerdo colombiano como una invitación a la censura: “Considero que ninguna batalla contra la ilegalidad y la injusticia se logra
con silencio y desinformación”; “la declaración que hiciste sobre medios que
publican y magnifican la violencia no fue muy afortunada”; “cuidado con este
tipo de declaraciones, no ayuda y te genera críticas. Probablemente tienes
razón; en Italia así se hizo con la mafia, pero en Veracruz en este momento no
es oportuno, existe una irritación social y en los medios muchos intereses.”
Y
dada mi actividad en el servicio público, es más que comprensible que se
entendiera un propósito de disimular e incluso ocultar los hechos de violencia.
Pero nada más alejado de mi posición que eso. Además sería ridículamente
ingenuo pretender que las cosas se pudieran ocultar que en plena era de la
visibilidad, con las redes sociales a tope, con audiencias que hace tiempo
dejaron de ser pasivas, que se tornaron protagónicas, que sólo necesitan un
teléfono móvil para “viralizar” imágenes y mensajes y hacerlo sin fronteras,
sin límites, sin necesidad de certidumbres, con decenas de medios de
comunicación que compiten por la inmediatez y que no se privarán de una
primicia.
Hoy
reitero mi punto de vista respecto de las ventajas de una medida como la
colombiana, respecto de un manejo inteligente, sensible y responsable de la
información sobre los hechos delictivos, con los siguientes objetivos:
1)
Garantizar
a la sociedad y a los ciudadanos el derecho irrestricto a ser informados sin
que ello se constituya en un mecanismo de apología de la violencia, de todo
aquello que se torne en un elogio e incluso una justificación o disculpa de la
crueldad.
2)
Anteponer
la protección de la vida de todos los individuos a cualquier hecho noticioso.
3)
Enfatizar
siempre la conveniencia para todos de proteger el orden jurídico y significar
los efectos de las transgresiones a la ley. Esto es: evitar la “normalización”
de la violencia y contribuir tanto como se pueda a la cultura de la legalidad.
4)
Impedir
el uso de los medios de comunicación como instrumentos de terror y sometimiento
de los individuos y las instituciones mediante la difusión de los actos de
violencia que persiguen suplantar la autoridad del Estado e imponer un poder
fáctico basado en la fuerza, la capacidad destructiva y, por ende, en el miedo.
En pocas palabras: que los medios no actúen involuntariamente como voceros de
la delincuencia organizada.
5)
Enfocarse
en el dolor de las víctimas, los huérfanos, los mutilados, los secuestrados,
las familias destruidas y en las consecuencias de vivir en la zozobra y la
ilegalidad.
Nada
de eso es censura ni ocultamiento. Es corresponsabilidad. Mi profunda gratitud
a mis amigos Mauricio Arredondo, Marco Aurelio González Gama y Ernesto Aguilar
Yarmuch.
posted by Observador Ciudadano at 0:24
