Cosas Pequeñas

INFECTADOS

Juan Antonio Nemi Dib

Ghislaine Lanctôt es una conocida canadiense, autora de un libro del que se han vendido miles de ejemplares: “La Mafia Médica”. Polémico, su texto le costó la expulsión del Colegio de Medicina, luego de un juicio destinado a privarle de su licencia profesional. Convencida de que la terapéutica actual “corta, quema, envenena y mata”, la doctora Lanctôt dice que las enfermedades, sin excepción (incluso el paludismo atribuido al piquete de un insecto) son creaciones del propio paciente, resultado de sus problemas en el alma, “porque no hay ningún microbio exterior que pueda enfermar…”.

Circula en internet una charla de la doctora Lanctôt, en la que asegura que las élites mundiales están decididas a reducir drásticamente la población del mundo, “porque consideran que somos demasiados” y habla del número ideal de personas (500 millones) buscado por esos conspiradores, lo que implicaría –según su tesis— una estrategia para borrar del planeta a varios miles de millones de congéneres. Dice que la maniobra estaría dirigida primero contra la población negra, discapacitados, enfermos y ancianos e insiste en una idea repetida: que las vacunaciones masivas se usarían también para inocular a los sobrevivientes un microchip que garantizaría su obediencia a los dictados del consorcio militar/industrial/político que gobierna el Mundo. Yo no logro suscribir estas opiniones, pero puede verse directamente a la doctora en este vínculo: http://www.youtube.com/watch?v=nYW7kvnMLrw.

Hay otros materiales que cuestionan la actual pandemia del virus clasificado como AH1N1. Por ejemplo, el argentino Julián Alterini hizo un documental en el que, sin negar la existencia de la influenza porcina, lanza la hipótesis de que se trata en realidad de un negocio de la industria farmacéutica multinacional arropada por políticos de mucho peso, para vender millones de dosis de antivirales y sugiere, luego de revisar datos sobre la Gripe de Hong Kong en 1997, o las de la Gripe Aviar en 2005, que esos contagios tuvieron muchísima menos mortalidad de la que se les atribuye.

El reportaje pone por ejemplo la estimación que en algún momento tuvo la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido de que, a causa de la referida Gripe Aviar, podrían morir hasta 7.4 millones de personas en el Mundo y realmente no murió nadie, a pesar de lo cual el gobierno de George W. Bush –según Alterini— gastó en dicha gripe más de 7 mil millones de dólares que, se presume, fueron a parar directamente a las corporaciones. Otro aspecto interesante del trabajo de Alterini es el relativo a las supuestas reacciones secundarias que producen los antivirales específicos contra el AH1N1y los riesgos asociados a su uso. Como puede observarse, la desinformación es, por sí misma, una grave infección. Sobre la epidemia de influenza porcina existen varios ejes de interpretación opuestos entre sí que contribuyen a generar dudas y rechazo en la gente:

1.- La convicción –en México, específicamente— de que el tamaño y las consecuencias de la epidemia pudieron ser exacerbados con el fin de obtener provecho político de cara a las pasadas elecciones federales y/o desviar la atención de la opinión pública respecto de otros temas críticos del acontecer nacional. Esta sería similar estrategia a la utilizada al inicio del Gobierno del Presidente Fox, con las medidas de emergencia que se pusieron en práctica a propósito de las explosiones en el Popocatépetl.

2.- En el extremo, la idea de que –frente a los impactos económicos y los efectos en la vida cotidiana— las autoridades optan por retrasar los anuncios epidemiológicos, intentando disfrazar los riesgos de contagio, los impactos reales e, incluso, ocultando estadísticas de enfermos y fallecidos. De hecho, algún gobierno local determinó reservarse las estadísticas epidemiológicas de su jurisdicción, aunque posteriormente éstas serían divulgadas por el Gobierno Federal.

3.- La falta de certeza de los distintos niveles de gobierno respecto de cómo manejar la crisis sanitaria y cierta improvisación. Por ejemplo, se recomendó el uso masivo de cubre bocas para prevenir el contagio y, a los pocos días, un diario europeo descubrió que los empleados de la Secretaría de Salud no los utilizaban. Un funcionario se vio obligado a reconocer entonces que, aunque servían de poco, se sugería el uso de cubre bocas porque daba a la gente la sensación de que se estaba haciendo algo y producía una sensación de “protección”.

4.- La percepción de que, detrás de todo esto, en medio de una epidemia mundial más o menos cierta, subyace una maraña de complicidades que esconde negocios multimillonarios y, en mucho menor medida, un interés real por la salud pública, como apuntan los documentos de Lanctôt y Alterini.

5.- El tono ligero y festivo que algunos han dado a este asunto que, mal gestionado, podrá resultar en tragedia, como ya ocurrió con la economía mexicana, particularmente el sector turístico.

De que el virus AH1N1 existe y está presente en nuestras vidas, darían cuenta los familiares de 182 fallecidos que reconoce el Gobierno Mexicano –2 de ellos en Veracruz— o los 20 mil 860 contagiados en todo el País, desde que inició la epidemia. Sin embargo, la estadística obliga relativizar los hechos: de acuerdo con el INEGI, en 2007 fallecieron de influenza y neumonía 12,927 mexicanos, sin AH1N1 de por medio. De hecho, las enfermedades respiratorias y, específicamente influenza y neumonía, forman parte de los índices que se consideran habituales en México, como la novena causa de muerte.

La Secretaría de Salud espera garantizar unos 30 millones de dosis de vacunas contra el AH1N1 comprándolas en Europa y eventualmente en China, aunque las inmunizaciones estarán disponibles hasta diciembre, cuando concluyan los protocolos de prueba que garanticen su eficacia y, además, que no causan efectos adversos. Además, hay un problema económico subyacente en todo esto y, aunque el titular de la SSA dijo que “no se van a ir por lo barato sino por lo efectivo”, aceptó que las vacunas chinas serían hasta 40% menos costosas que las europeas. Debe recordarse que una de las primeras medidas gubernamentales contra la epidemia fue la gestión de un crédito del orden de los 400 millones de dólares. Si cada dosis costará 7 dólares, serán 210 millones sólo de vacunas.

Los expertos esperan un serio rebrote de la epidemia a partir de noviembre próximo –antes de la llegada de las vacunas— pero la OMS tranquiliza: “A nivel mundial, la mayoría de los enfermos afectados por el virus pandémico presentan los síntomas gripales característicos y se recuperan plenamente al cabo de una semana, incluso si no reciben ningún tratamiento médico. Las personas por lo demás sanas que padecen una gripe sin complicaciones, no necesitan tratamiento con antivíricos”.

Algunos se estarán haciendo mucho más ricos. Ojalá que muy pocos enfermen. Ojalá que nadie muera, y no cierren más fuentes de empleo. Ojalá que la epidemia acabe pronto y sin mayor consecuencia.

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IN EXTREMIS

Juan Antonio Nemi Dib

La expresión que titula este fárrago es herencia latina y sus significados contemporáneos generalmente aceptados son dos: en el último momento (o, cuando se trata de personas, en los últimos instantes de la vida) y, por otro lado, la referencia a una situación extrema y peligrosa. Para los efectos –como suelen decir los abogados— ambas acepciones nos sirven, son herramientas lingüísticas adecuadas para aproximarnos a una realidad difícil de describir pero aún más compleja de vivirse. Ni los optimistas contumaces, ni aún los gobernantes obligados a justificar mediante discursos alegres sus decisiones y los resultados de sus respectivas gestiones pueden negar la grave condición del País en prácticamente todos los frentes de la vida nacional. México parece acercarse a una situación in extremis.


Empecemos por la economía: de acuerdo con cifras del INEGI, en 6 meses el desempleo nacional creció 48.44% lo que significa casi 800 mil empleos destruidos durante la mitad de 2009 y la misma cifra sumada a los desempleados pre-existentes en todo el país. Se calcula que son 232 mil las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas cerradas en este tiempo, mientras que el Secretario de Hacienda habla de una dramática reducción en los ingresos públicos del orden de los 800 mil millones de pesos, durante este año y el que sigue.


El precio de los hidrocarburos –principal fuente de dinero del Gobierno Mexicano— continúa deprimido y sin previsiones de que se recupere en lo inmediato; no sólo el precio, los niveles de producción de PEMEX que siguen bajando debido a la sobre explotación de los pozos y la falta de nuevos yacimientos. Casi 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos; el dinero que ellos envían a sus familiares en México es la segunda fuente de ingresos del País, equivale casi a 26 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, estos envíos empezaron a reducirse desde hace meses –en abril pasado, casi un 19%— y la tendencia a la baja continúa.


Así como todo esto repercute en la economía de las familias y las empresas, también en los gobiernos: 7 de cada 10 ayuntamientos mexicanos se encuentran en una condición que se aproxima a la quiebra técnica, dado que sus deudas y compromisos superan con mucho sus ingresos y, a falta de otros medios, algunos expertos y autoridades ven en el financiamiento –deuda, bonos bursátiles, compras a plazo, etc.— la única alternativa para resolver los problemas inmediatos, aunque eso implique un dilema ético por los compromisos futuros prolongados y una derivación en el tiempo de la astringencia económica, pero afirman que no hay alternativa para pagar salarios, terminar las obras en proceso y cubrir pasivos. Parece que el Gobierno del DF subirá los precios del metro y otros servicios públicos como el agua y el boleto de metro y eso le pega directamente a los bolsillos de la gente.


En materia de seguridad las cosas no son mejores: trece mil ejecuciones durante el sexenio, 4,500 en lo que va del año y 854 en julio ya no son noticia. Aunque algunos presumen que se trata de una ‘estratagema para manipular a la opinión pública’ y ‘desviar la atención’, el pasado 12 de agosto apareció en la fachada del diario Debate de Sinaloa una amenaza específica y directa contra el Presidente de la República:“Sr. Presidente, una pregunta? Si tardaste un año para dar con ‘El Dimas’, calculas que te alcance la vida para dar con toda mi gente. Cuídate porque ya tenemos la consigna y prometemos al pueblo será cumplida”. Para evaluar el estado de la gobernabilidad en los tiempos que corren, son de considerarse como ejemplo las consignas contra el gobernador perredista de Guerrero, Zeferino Torreblanca, coreadas por los asistentes al homenaje para el líder perredista en el Congreso Local, Armando Chavarría Barrera, asesinado a mansalva el jueves pasado: “Zeferino, desgraciado, mataste a un diputado”; ¿quién se imaginaría a los dirigentes del PRD en Guerrero exigiendo que la Procuraduría General de la República del gobierno panista atraiga las investigaciones porque no confían en su Gobernador perredista? Increíble.


Suena catastrofista y exagerado, pero la lista puede continuar hasta niveles francamente depresivos: deterioro ambiental y agotamiento de los recursos naturales, deficiencia del sistema educativo, incremento persistente de la pobreza y el número de pobres, corrupción pública y privada, dependencia energética, dependencia alimentaria, déficit de la balanza comercial, pírrico desarrollo científico y tecnológico, fallas graves del sistema sanitario, incremento en las conductas delictivas y la impunidad, asfixiante centralismo de la Federación a los estados y de éstos a los municipios, deterioro de la convivencia cotidiana y de las reglas cívicas mínimas, multiplicación de las adicciones, embarazos en niñas y adolescentes, violencia de género, migración que produce desintegración familiar y expulsión de mano de obra calificada… ¿Hasta dónde puede resistir todo esto nuestro País?, ¿qué ocurrirá si estas tendencias no cambian?, ¿quién y cuándo pondrá límites a todo esto?, ¿terminaremos in extremis?
Son grandes males y reclaman grandes remedios. Por ejemplo, en materia de seguridad y justicia hemos sido testigos de numerosas reformas legales que van y vienen, incluyendo la absurda legitimación del secuestro policial disfrazada de arraigo que puede destrozarle la vida a cualquier inocente y que no parece mostrar mucha utilidad para combatir a los verdaderos criminales. ¿Seguiremos por el camino de los parches y las ocurrencias legales mientras los delitos aumentan, los policías se corrompen o mueren y los delincuentes gozan de riqueza y poder generalmente fuera, pero también dentro de las cárceles? Si la clave está en que NO se cometan delitos, ¿cuándo voltearemos hacia las buenas prácticas ciudadanas, el respeto a las personas y el cumplimiento de las leyes?


Le pregunté a Pepe Ferrer, quien no lo sabe pero es mi gurú económico ad honorem –otro latinajo— cómo hacerle para resolver la debacle salarial de México que es, a su juicio, el verdadero eje de nuestra debilidad económica y fuente de muchos problemas. Me respondió con lógica y claridad: acabar con los topes salariales y definir el monto de éstos a partir de la inflación esperada, incluirle un factor anual de productividad –en lugar del engañoso reparto de utilidades—, castigar con rigor a quien pague menos del mínimo, que sea un órgano autónomo del Congreso quien lo fije y que –si fuera posible— el salario se establezca en los estados, con base en un piso irreductible.


Este de los salarios es un ejemplo de que existen caminos viables para orientar el rumbo hacia un buen destino, de libertades y paz pública, de crecimiento sostenido y buena calidad de vida para todos, pero exige el fin de los privilegios, la renuncia a las excepciones y la asunción, en serio, de los deberes de cada uno de nosotros para con la comunidad a la que pertenecemos, entendiendo que buenos ciudadanos hacen buenos países; implica detener el saqueo y la rapiña contra la nación, implica anteponer, realmente, los intereses generales por encima del individual. Aún es tiempo y se puede.


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SABIDURÍA

Juan Antonio Nemi Dib

“El Reino de Dios no es algo que debamos esperar: no tiene ayer ni
mañana, y ni siquiera llega a tres mil años. Es la experiencia de un corazón: existe
en todas partes y en ningún lugar en concreto…”. Luther Blissett, “Q”

La costumbre enseña que hay taxistas cuyo destino perpetuo y bien ganado podrían ser las casas de salud mental, como eufemísticamente se llama ahora a los manicomios; dentro de ellas harían menos daño que fuera, “ruleteando” y poniendo en vilo vidas propias y ajenas. Y no es de gratis: desgastantes y peligrosas jornadas de trabajo –generalmente de 12 horas, nunca menores de 8—; corretear (literalmente) para disputarse frustrados pasajeros que necesitan el transporte pero que no siempre lo usan, no por falta de ganas sino de dinero para pagarlo; el calvario que implica juntar lo de “la cuenta” para el dueño del vehículo y/o titular de “las placas”, rellenar el tanque de gasolina, pagar la lavada del taxi y un par de “chescos pa’ los agentes de tránsito”, son tareas titánicas que dejan chiflado a cualquiera, especialmente en tiempos bursátiles.

Y eso sin contar con los obligados y bucólicos cruces con distinguidas damas que asombran por su capacidad para –simultáneamente— enchinarse las pestañas con cuchara, hablar por celular, revisar la tarea de los chamacos que gritan en los asientos traseros, tocar de solistas con la bocina del claxon sinfonías de 5 o 7 movimientos y exquisito significado, acompasadas con cálidas señas a base de dedos, puños y codos y, por increíble que parezca, hasta manejar el coche cambiando de carril sin previo aviso cada 5 metros. (Y que no se tenga esto por comentario misógino sino como mero apunte de hechos demostrables a través del método científico más riguroso).

Pero también los hay –aquí vuelvo a los señores chafiretes de taxi— que reivindican a su especie. Son los menos, pertenecen a una clase especial, pero su apostolado trasciende. Suelen ser amables, tolerantes, comprensivos y, por el precio de la “corrida” –el viaje— no alcanza uno a pagarles el conocimiento que compendian y que generosamente comparten; son garbanzos de a libra, diamantes nítidos que, igual que los cantineros pero sin el reconocimiento social que injustamente monopolizan los “barman”, también escuchan a sus clientes con paciencia infinita, brindan consejo oportuno en el momento oportuno y se revelan a los pasajeros como fuente de sabiduría.

Todo por el mismo boleto y con la ventaja adicional de que el diálogo se profundiza y se hace personal porque, a diferencia de las peluquerías, no hay público ávido de chisme. Increíblemente, hay ocasiones en las que uno agradece las eternas obras públicas (y no me refiero en particular a Circunvalación ni a Rébsamen ni al segundo piso del Periférico ni al Trébol de la Luz, no, no…), los estacionamientos en doble fila y hasta las manifestaciones que prolongan estos consultorios del alma sin subida de tarifas. Es cuestión de suerte encontrarse con uno de ellos. Y yo volví a tenerla.

Salía del consultorio del dentista con retraso para mi noticiero de radio y supuse que sería más fácil llegar a la oficina caminando las 10 o 12 calles que esperar un taxi y luego bregar con el tráfico pero no llevaba yo una recorrida –en plena cuesta de Ávila Camacho— cuando el taxista frenó su marcha y me invitó con un “Vámonos, amigo”. Lo que siguió fue completamente natural, como si se tratara de una cita programada con el psicólogo. Esperó a que terminara mi conversación telefónica –pedía yo a mis compañeros en la oficina que empezaran la emisión sin mí— y de una manera sutil y amable, me dijo que la vida es breve, que se pasa en un suspiro, que no vale la pena desperdiciarla y que correr todo el tiempo es, precisamente, una forma de desperdicio, como también enfadarse por los incidentes de tráfico: “si se enoja, le regala usted su felicidad a quienes lo agreden”.

Me dijo que ama su trabajo y que una parte esencial del mismo, la que más aprecia, es conversar todo el tiempo con decenas de personas diferentes. Gracias a eso, aseguró, ha disfrutado cada uno de los últimos 30 años –ni más ni menos, 30— conduciendo taxis. Con 3 décadas de taxista supuse que el auto (y por ende, el permiso) era suyo, pero volvió a sorprenderme con la respuesta: asegura que sus ingresos como chofer son suficientes para que él y su familia vivan dignamente, con sus necesidades básicas cubiertas, aunque –por supuesto— sin excesos.

Le repliqué que podría hacer exactamente lo mismo con un taxi propio pero se rió mucho y me dijo que entonces no estaría trabajando para pagar –como ahora— al flotillero, sino a la concesionaria de vehículos, a la aseguradora, al dirigente infecto de alguna organización gremial y, faltaba más, a una que otra autoridad corrupta. Para entonces habíamos llegado a mi destino. Estacionó el taxi, apagó el motor y se recargó sobre la puerta del coche, para verme de frente sin necesidad de torcer la cabeza. Evidentemente la conversación iba a continuar y, ya cautivado por mi interlocutor, no me molestaba en absoluto, con todo y noticiero empezado.

Me dijo que, sacando cuentas, si tuviera un taxi “propio” los compromisos serían mayores, que se vería obligado a trabajar el doble, que estaría estresado y de malas todo el tiempo y que, seguramente, le quedaría casi el mismo dinero que ahora. Volviendo al tema de la brevedad de la vida me dijo que ninguna factura de coche y menos aún, ningún pagaré cancelado con sudor e insomnio compensan la falta de tranquilidad. “Todo lo que gano es para mi familia, para ellos es el producto de mi trabajo”.

Le pregunté quién le había inculcado esa visión del mundo y me respondió que pasa mucho tiempo pensando, que desde los 9 años –tiene sesenta— aprendió a pescar y que religiosamente cada semana, los viernes al medio día se va a distintos puntos (cada vez más lejanos) del litoral del Golfo de México a practicar ese deporte que se hace en solitario y en silencio y que pasa las noches acompañado de su caña y de sus reflexiones.

Me describió esteros, ríos, lagunas y acantilados que hace apenas 20 años le daban agua fresca y comida a numerosas familias –langostinos, jaibas, acamayas— “y hasta unos pesos de más, si tenían una emergencia” y que hoy pululan de excretas y botellas de plástico. Asegura que es una tendencia autodestructiva e inexplicable del género humano y que ser testigo de ella le duele especialmente. Se despidió aconsejándome que no me prive de nada: “cómase esa cazuela de frijoles con manteca, quizá mañana ya no pueda usted”. Dijo que no hacerle daño a nadie es el verdadero camino de la felicidad.

No me dijo su nombre ni registré el número de taxi que conduce. Mejor. Así pensaré que cualquier taxista con quien me tope me merece respeto y mucha consideración.

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AGENDA UNIVERSITARIA

Juan Antonio Nemi Dib

Consumatum est. Un comunicado de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana dice: “…se resolvió designar como Rector de la Universidad Veracruzana al Dr. Raúl Arias Lovillo, para el periodo del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2013”. Para varios –especialmente para quienes contendieron contra Raúl— fue la crónica de una decisión tomada con mucha anterioridad. En la carta en la que Félix Báez Jorge abandonó su postulación al rectorado, llegó a decir: “La simulación y el silencio han orquestado la reelección que habrá de anunciarse el próximo 27 de julio”. Por su parte, la máxima autoridad universitaria dijo: “La Junta de Gobierno considera relevante hacer saber a la comunidad universitaria que la decisión tomada con responsabilidad, contribuirá a fortalecer la vida académica y el futuro de la Universidad Veracruzana. Asumida esta decisión, convocamos a los miembros de nuestra máxima casa de estudios a reunir voluntades y esfuerzos para acrecentar el prestigio académico de nuestra institución”.


No me consta pero hay quien me afirma que no sólo se hicieron auscultaciones y entrevistas a los aspirantes al rectorado y a quienes los postulaban sino que se encargó a una empresa independiente la realización de una encuesta de profundidad en las 5 regiones de la Universidad y que dicha encuesta habría reflejado un amplio respaldo de la comunidad –estudiantes, maestros, empleados, investigadores— a favor de Arias Lovillo y su reelección. Así, la Junta de Gobierno habría decidido no sólo con criterio académico sino considerando la opción que, según la encuesta, sería la deseable para la mayoría de los universitarios.


En cualquier caso, Arias Lovillo estará al frente de la Universidad Veracruzana por un periodo que trasciende en casi 3 años a la administración estatal y en 1 al Presidente Calderón; deberá firmar otros 40 mil títulos profesionales de licenciatura y postgrado y tendrá la responsabilidad de ejercer al menos 15 mil millones de pesos de recursos públicos, unos mil 150 millones de dólares. Tiene la oportunidad irrepetible de legitimar su reelección con hechos, convertirse en el mejor rector de la historia y responder con éxito a sus grandes deberes y responsabilidades que, insisto enfático, son para con todos los veracruzanos y no sólo con quienes estudian y trabajan en la UV, como algunos creen.


Arias puede mejorar lo que hizo bien y enmendar errores; quizá sabe que la expectativa social para su nueva gestión es enorme y podría resumirse así: hacer de la una universidad pública de excelencia con alto nivel académico (en los hechos, no sólo en el discurso), que produzca, imparta y divulgue conocimientos útiles, que trascienda la teoría y que contribuya real, práctica e inmediatamente a mejorar la calidad de vida de todos los veracruzanos, que forme al mayor número posible de universitarios competitivos y bien entrenados y genere condiciones propicias para el éxito profesional y la integración eficaz de todos sus egresados al mercado de trabajo, que tenga alta eficacia terminal, que contribuya a la difusión cultural y el desarrollo de las artes, que ayude a preservar la riqueza, la identidad y la integración de Veracruz y, por supuesto, que administre de manera eficiente e intachable sus recursos. Esto incluye una rendición de cuentas que trascienda las formalidades y que evite desviaciones patrimoniales. Están aún pendientes el tema de la relación laboral de la UV con sus empleados y la calidad en el desempeño de estos, la revisión de las onerosas e injustificadas prestaciones laborales como los gastos médicos mayores y, si hubiera voluntad, los exámenes de conocimientos departamentales que sean confiables y de carácter universal.


Quizá no sea popular, pero es una idea que sustentan varios miembros de la UV para enfrentar sus retos, construir un futuro de mayor calidad educativa y servir más y mejor a Veracruz. El valor de la idea está precisamente en su simpleza: se trata de dividirla en 6 unidades independientes; cinco de ellas de carácter regional y una dedicada a la investigación, a la educación a distancia y a la prestación de servicios especializados a las otras 5.La dispersión geográfica de la UV y su organización con base en el esquema de regiones es, al mismo tiempo, fortaleza y debilidad: logra importante presencia local que acerca la educación superior a las comunidades, quizá con el mayor nivel de actividad universitaria regional en el País; pero paradójicamente, este modelo también es causa de notorio centralismo (en beneficio de Xalapa), de inequidad en el desarrollo del resto de las zonas –particularmente en los recursos de que dispone cada una para hacer su trabajo— y, sobre todo, la aplicación en el ámbito local de políticas y decisiones que no siempre corresponden a las necesidades y expectativas de cada comunidad y de los universitarios de cada región. Por lo menos, valdría la pena discutir esto con seriedad, dado que para algunos será una sugerencia mutiladora e inviable.


Entre otros, queda pendiente el tema del dinero para la UV. Se ha dicho que es injusto e inequitativo que los veracruzanos recibamos mucho menos dinero de la Federación que el resto de los estados para financiar nuestra educación superior; es deseable que la administración universitaria se comprometa con las ingentes necesidades económicas de Veracruz y que contribuya, mediante negociaciones exitosas, a conseguir fondos federales justos y equitativos, por lo menos iguales a los de las otras entidades federativas, para descargar un poco de presión sobre el erario local.


Raúl Arias Lovillo seguirá gobernando una comunidad de casi 80 mil personas pero para efectos prácticos, es el Rector de todos los veracruzanos; con apertura, con sensibilidad y altura de miras, puede prestar valiosos servicios a los más de 7 millones de veracruzanos y no sólo a una élite de privilegiados dentro de la UV. Él ha insistido en su formación como universitario plural, entrenado para el debate y, por ende, tolerante e integrador. Hoy, tiene la legitimidad y la independencia necesarias para tomar las decisiones difíciles que están pendientes, que beneficiarían a todos en Veracruz. Es, también, una gran oportunidad para -actuando con responsabilidad— asimilar y aprovechar las propuestas y los talentos de los 4 académicos que aspiraron a sucederlo, con inclusión y apertura. Eso le engrandecerá y le conseguirá más reconocimiento.


La Botica.- De acuerdo con el diario El País, la Asamblea venezolana canceló la polémica Ley Especial de Delitos Mediáticos, al no hallar aprobación en la comisión de Medios que iba a discutirla. "La ley que era propuesta por la Fiscal del Ministerio Público no tuvo consenso y no es proyecto de Ley que esté en nuestra agenda legislativa", dijo la presidenta de la Comisión, Cilia Flores a la cadena de televisión, Globovisión. O se trató de una balandronada bolivariana o simplemente se impuso el sentido común sobre la “Ley de doña Güícha”. Enhorabuena.


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LA LEY DE DOÑA GÜÍCHA

Juan Antonio Nemi Dib

Tenía previsto escribir sobre la influenza y los estragos que causa, no en el aparato respiratorio de los infectados sino en toda la gente, incluso la que se salva del contagio viral, debido a la desinformación colectiva sobre el tema, que por sí misma constituye una pandemia de consecuencias tan funestas o más que las neumonías, con la diferencia de que no hay vacuna que la detenga. Pero doña Luisa Ortega Díaz cambió mis planes; gracias a ella mis apetitos epidemiológicos tendrán que esperar.


Y… ¿quién es doña Güícha? Reconozco que no sabía de su existencia hasta el jueves pasado; antes de conocer sus flamantes propuestas legislativas no estaba yo enterado de su paso por esta atribulada vida como –con toda probabilidad— ella nunca se enterará del mío. Además de otras cosas, nos separan tres mil quinientos kilómetros de distancia en medio de los cuáles se interponen seis países y, sobre todo, una abismal diferencia entre su concepto de libertad y el mío.


A pesar del protagonismo que ha alcanzado en los últimos días, es poca la información disponible sobre la señora; horas de revisión, incluso en “The Fact Book” de la CIA, arrojan escasos datos: nació en Valle de la Pascua; es licenciada en derecho por la Universidad de Carabobo, cursó 2 especialidades jurídicas y una en “dinámica de grupos” y es doctora en derecho constitucional por la Universidad Santa María. Ha dado cátedra en distintas instituciones y tiene larga carrera como fiscal investigadora. Hace años sufrió un intento de secuestro pero logró huir de sus captores arrojándose del vehículo en marcha. Antes de su actual encargo era Directora de Actuación Procesal del Ministerio Público.


En su calidad de Fiscal General elegida por la Asamblea Nacional en 2007, forma parte del “Poder Ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela” ejercido por un Consejo Moral Republicano que a su vez se integra con el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República y el propio Fiscal General. Formalmente goza de plena autonomía jurídica y política, aunque pocos dudan de sus vínculos y su dependencia respecto del Poder Ejecutivo.


¿Por qué tanto rollo con doña Güícha? El diario español El País explica: “Durante su programa de radio, la fiscal general de Venezuela se juró a sí misma y a la audiencia, el pasado 3 de julio, que redactaría un proyecto de Ley Especial de Delitos Mediáticos para sancionar a aquellas radios, televisiones, diarios y páginas webs que con sus informaciones generaban zozobra y pánico entre los ciudadanos. Y cumplió su palabra: Luisa Ortega Díaz presentó el jueves al Parlamento un instrumento legal que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez sancionar, con penas de entre 6 meses y 4 años de cárcel, a todo el que a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan atentar contra ‘la estabilidad de las instituciones del Estado’, ‘la paz social, la seguridad e independencia de la nación’, la ‘salud mental o moral pública’ y el ‘orden público’, o que ‘generen sensación de impunidad o de inseguridad’ entre la población.”


La iniciativa presentada por la Fiscal ha causado revuelo debido a sus alcances: “tiene por objeto prevenir y sanciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos… con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos…” Su proyecto no se limita a los medios tradicionales, incluye todo tipo de instrumentos capaces de transmitir textos, sonidos o imágenes, independientemente de la plataforma que se utilice, por lo que incluso un envío postal y un correo electrónico entrarían en la misma categoría de punibilidad. Considera sujetos activos a los propietarios, directivos, productores, locutores, periodistas, conferencistas, artistas “y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza”.


Su definición de delitos mediáticos establece que son las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz, e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social. La norma incluye nuevas tipificaciones delictivas: divulgación de noticias falsas, manipulación de noticias, negativa a revelar información (datos de quienes escriben con pseudónimo), coacción mediática, omisión voluntaria de suministrar información, instigación y obstaculización de actividades de comunicación. Además de prisión, las sanciones pueden ser cancelación de licencias, obligación de publicar las sentencias sin comentarios en sitios y horarios preferentes e inhabilitación para desempeñar cargos en cualquier medio.


El Colegio de Periodistas le respondió haciendo: “un nuevo llamado de alerta a los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la Ley de Delitos Mediáticos. Colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio: el cerco en contra de las emisoras de radio que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos y la criminalización de la disidencia política. ¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre 2 articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso? Venezuela vive una difícil hora en la cual la violencia social y política está la orden del día; con una severa crisis de los servicios públicos y una inflación que se come los ingresos de los venezolanos. La labor de los periodistas responsables, editores, y medios en general, su deber más sagrado, es informarlo y denunciarlo. Los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos.”


La Fiscal se defiende diciendo que “no está sugiriendo limitar la libertad de expresión sino regularla, porque tú puedes expresar libremente todo lo que consideres, pero esa libertad no puede vulnerar el derecho de los demás, no puede atentar contra el Estado, contra la salud de las personas, contra la moral pública. Estamos impulsando y promoviendo la libertad de expresión sana, cierta, que llegue a todos los ciudadanos y que no atente contra ellos. Se debe seguir impulsando y respetando esa libertad de expresión, pero en el marco de nuestro derecho”.


Este discurso “liberador” pudo ser de Franco, Pinochet, Trujillo o incluso Mussolini. Pero no, es del gobierno Bolivariano de Hugo Chávez, el mismo que ha cerrado ya 34 radiodifusoras e iniciado acciones a otras 50, el mismo que encarceló al periodista Gustavo Azócar, el que no renovó su concesión a la televisora crítica RCTV, el que cumple sus amenazas: "Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo [a cerrar un medio]. Pónganse a creer en esos cuentos y se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen, están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio, todos los días. Televisoras, estaciones de radio, prensa escrita, no se equivoquen. Yo sólo les digo, y al pueblo venezolano se lo digo, que eso no va a continuar así".

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